Trump ordena cortar fondos federales a ONGs implicadas en disturbios tras protestas en Los Ángeles

La decisión del presidente se produce como respuesta a las violentas manifestaciones contra las redadas de ICE en California y busca penalizar a organizaciones que, según el gobierno, utilizan recursos públicos para incitar a la violencia.

WASHINGTON D.C., EE.UU. - 28 de junio de 2025

En una medida de gran contundencia política, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a su administración cortar de forma inmediata todos los fondos federales destinados a cualquier Organización No Gubernamental (ONG) que se determine que ha estado implicada en la organización o ejecución de disturbios violentos. La orden ejecutiva es una respuesta directa a las recientes y caóticas protestas ocurridas en Los Ángeles, California, en contra de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El Detonante: Protestas en Los Ángeles y la Propuesta "NO A LOS IMPUESTOS PARA DISTURBIOS"

La tensión en Los Ángeles escaló esta semana cuando manifestaciones contra las operaciones de ICE derivaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden. En este contexto, el representante republicano por California, Kevin Kiley, impulsó una propuesta legislativa denominada "NO A LOS IMPUESTOS PARA DISTURBIOS", que sirvió de base para la acción presidencial. Kiley señaló directamente a la organización CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles), acusándola de haber recibido cuantiosos fondos públicos mientras, presuntamente, transmitía en vivo la ubicación de los agentes de ICE durante los disturbios, lo que habría contribuido a la escalada de violencia.

Haciéndose eco de estas acusaciones, el presidente Trump utilizó su plataforma, Truth Social, para oficializar su directriz:

"He instruido a mi administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados. Utilizan el dinero para destruir nuestras ciudades y luego piden más para reconstruir. ¡No más!"

Reacciones Encontradas y Consecuencias

La orden ha generado un profundo debate. Por un lado, figuras como el representante Kiley la han aplaudido, argumentando que es inaceptable que el dinero de los contribuyentes financie a grupos que, según él, socavan el estado de derecho y ponen en peligro a los agentes federales. Además de la medida financiera, Kiley busca aumentar las penas por agresión a oficiales federales.

Por otro lado, las organizaciones de derechos civiles y proinmigrantes han criticado duramente la medida. Un portavoz de CHIRLA ha negado categóricamente cualquier implicación en actos violentos, asegurando que su labor se limita a la defensa y el apoyo legal de la comunidad inmigrante. Actualmente, CHIRLA está siendo investigada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes para determinar su rol en las protestas.

La decisión de la Casa Blanca abre un nuevo frente de batalla legal y político, cuestionando los límites entre el derecho a la protesta y la seguridad nacional, y poniendo en el punto de mira la financiación de cientos de ONGs que trabajan en áreas sensibles y que ahora enfrentan el riesgo de perder sus recursos federales si sus actividades son consideradas como una incitación a la violencia por parte del gobierno.